ACCESO A LA SEPSRecuperar contraseña.La frecuencia y gravedad de las consecuencias de la violencia contra la infancia y la adolescencia (que incluye un importante coste económico, no sólo para sus víctimas directas, sino para la sociedad en su conjunto), avalan la necesidad de una mayor inversión en medidas preventivas y terapéuticas basadas en la evidencia. En este sentido, es fundamental que la prevención infantil constituya una prioridad dentro de los programas educativos, de salud y protección infantil en todo el mundo
Esta es una de las conclusiones principales de un artículo publicado en la revista Papeles del Psicólogo, por Noemí Pereda, psicóloga miembro del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA), a través del cual se presenta una revisión de los principales estudios publicados en Europa y Norteamérica, relativos al impacto económico de la violencia contra niños/as y adolescentes.
El objetivo de esta revisión es el análisis -mediante estimaciones realizadas en estudios previos-, de los costes de atención médica, física y mental, las pérdidas de productividad, los costes tanto para el sistema de protección infantil como para el sistema de justicia penal de la violencia contra la infancia y la adolescencia, con especial énfasis en la violencia sexual.
Como bien señala su autora, la violencia contra niños, niñas y adolescentes constituye un problema social, de salud pública y de derechos humanos, con una alta prevalencia a nivel mundial, “que afecta a 1 billón de niños y niñas de entre 2 y 17 años al año, según rigurosos estudios de revisión”.
Fuente: freepik. Autor: freepik. Fecha: 27/09/23
Tal y como advierte, este tipo de violencia tiene graves consecuencias para la salud física y mental de los y las menores. Asimismo, conlleva importantes consecuencias sociales (con un mayor riesgo de nuevas victimizaciones, de conducta antisocial y delictiva, criminalidad adulta y comportamiento violento) y socioeconómicas, con un peor rendimiento académico y laboral, y niveles más bajos de bienestar financiero, que se traducen en importantes pérdidas de capital humano.
Por este motivo, considera clave conocer los costes del problema, dado que puede permitir la toma de decisiones informadas sobre la inversión económica que debe realizarse en aras de prevenirlo y tratarlo, en su prevención y tratamiento, así como facilitar la concienciación en torno a su magnitud e impacto.
En este sentido, afirma, el estudio analiza la literatura académica existente para esbozar una cifra aproximada de “cuánto cuesta la violencia en la infancia a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, aproximando al profesional de la psicología a esta realidad que tiene implicaciones para el psicólogo clínico y de la salud, pero también para el educativo y del desarrollo, el forense, ocupacional y el social”.
A continuación, resumimos algunos de los datos obtenidos en esta revisión:
Según un estudio realizado en Reino Unido (Fang et al., 2012), la carga económica de por vida de la violencia contra la infancia y la adolescencia resultante de 579.000 nuevos casos de violencia no fatal y 1.740 casos de violencia con resultado de muerte en los Estados Unidos en 2008 es de, aproximadamente, 124 mil millones de dólares. De media, el coste de por vida se estima en más de 210.000 dólares por víctima de violencia no fatal y 1,3 millones de dólares por víctima con resultado de muerte.
Estos costes hacen referencia a la atención médica (tanto a corto como a largo plazo) y a pérdidas de productividad y bienestar infantil, justicia penal y costes de educación especial. Esta investigación destaca la sustencial carga económica de la violencia contra la infancia, en comparación con otros problemas de salud, por lo que es fundamental movilizar recursos para su prevención y tratamiento especializado.
Una revisión sistemática y metanálisis sobre consecuencias para la salud a lo largo de la vida y costes anuales asociados con experiencias adversas en la infancia (ACE) en Europa y América del Norte, cifra los costes anuales económicos y de salud atribuibles a este tipo de experiencias en 581 mil millones de dólares en Europa y 748 mil millones de dólares en Norteamérica (Bellis et al., 2019).
En la misma línea, otra revisión sistemática sobre costes económicos y sanitaros derivados de las ACE en 28 países europeos, estima que los costes vinculados a experiencias adversas en la infancia, suponen el 1,2% del producto interior bruto en España (unos 17 mil millones de dólares) (Hughes et al., 2021).
Otro estudio realizado para el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, y centrado específicamente en los costes económicos relacionados con la experiencia de abuso sexual en la infancia, estima los costes de este grave problema en 125.000 dólares por víctima. Los costes anuales relacionados con el abuso sexual, estimados en 23 mil millones de dólares, se vinculan a pérdidas de productividad, atención médica, salud mental, servicios de policía/bomberos, servicios sociales, pérdida de calidad de vida, etc. (Miller et al., 1996)
De acuerdo con este artículo, una evaluación más actual del coste de la violencia sexual es la ofrecida en el estudio de Letourneau et al. (2018), también en los Estados Unidos, al estimar el coste medio del abuso sexual en la infancia “desde una perspectiva social, a partir de datos secundarios obtenidos de los servicios de atención médica (incluyendo salud física y mental), pérdidas de productividad, costes del sistema de bienestar infantil, costes de violencia/crimen, costes de educación especial y costes de muerte por suicidio, así como, pérdida de calidad de vida”.
Los autores estiman aquí 20 nuevos casos de abuso sexual infantil fatales, con resultado de muerte del niño, y 40.387 nuevos casos confirmados no fatales en 2015, situando la carga económica de por vida del abuso sexual en aproximadamente 9,3 mil millones de dólares.
Por su parte, otro análisis centrado en los costes económicos de la violencia sexual en Canadá (Hankivsky y Draker, 2003), estima los costes directos, vinculados a salud (1,72 mil millones de dólares), servicios públicos y sociales (914 millones de dólares), justicia (472 millones de dólares) y educación/investigación y empleo (13 millones de dólares), y los costes indirectos, de morbilidad (476 millones de dólares) y mortalidad (100 millones de dólares), del abuso sexual infantil, estimando “que éstos excedían los 3,6 mil millones de dólares anuales”.
Este estudio pone de relieve la trascendencia de incluir la voz de las víctimas en todas las políticas orientadas a la mejora de la prevención e intervención ante el problema y reducir los costes sociales asociados.
En Reino Unido, según los datos obtenidos en una revisión de la literatura sobre los efectos a corto y largo plazo del abuso sexual infantil, el coste total de esta grave conducta para todas las víctimas, actuales y pasadas, en un año, oscila entre 1,6 y 3,2 mil millones de libras esterlinas en 2012-2013 (Saied-Tessier, 2014).
Se incluyen aquí los costes del sistema de justicia penal que se vinculan con la implicación de las fuerzas de seguridad, los juzgados y los servicios penitenciarios para quienes cometen el abuso sexual infantil, así como para algunas víctimas de abuso sexual infantil que cometen delitos (149 millones); servicios de protección infantil, incluyendo los costes de la evaluación del caso, así como los derivados de la atención en familias de acogida o centros residenciales (124 millones).
También incluye los servicios de salud mental, centrados en el tratamiento de la depresión infantil (1,6 millones); gastos hospitalarios derivados de los ingresos por suicidio infantil y autolesiones (1,9 millones); servicios de salud mental para adultos, centrados en la depresión y el estrés postraumático; y servicios de salud física para adultos, centrados en el abuso de alcohol y drogas (178 millones) y pérdida de productividad, “relacionada con el hecho de que las víctimas de abuso sexual infantil tienen menos probabilidades de estar trabajando y es probable que estén ganando salarios más bajos que si no hubieran vivido esta experiencia, ya sea por un rendimiento académico más bajo y/o por problemas de salud mental, así como por dificultades interpersonales vinculadas a la formación y el mantenimiento de relaciones” (2,7 mil millones).
De forma específica en nuestro país, un informe publicado por la Fundación EDUCO (2018) analiza el impacto económico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, identificando lagunas de información y evidenciando la falta de disponibilidad pública de datos fiables y armónicos, así como ofreciendo recomendaciones para un sistema eficaz de reporte, que permita un mejor desarrollo de políticas que den respuesta al problema de la violencia contra la infancia.
Siguiendo la literatura sobre el tema, los costes de la violencia se clasifican aquí en cuatro grandes grupos: costes sanitarios, relativos a ingresos hospitalarios, costes derivados de las consecuencias físicas del abuso sexual, visitas a urgencias, costes relacionados con problemas de salud crónicos, entre otros (850 millones de euros); costes educativos, donde se incluyen los costes de absentismo escolar, repetición de curso, necesidad de servicios especiales en el aula, bajo rendimiento y fracaso escolar (4 millones de euros); costes judiciales, relacionados con los procedimientos judiciales y los servicios penitenciarios para los perpetradores (70 millones de euros); y los costes de servicios y prestaciones sociales, incluyendo los servicios de acogimiento residencial y familiar, (56 millones de euros).
Este informe estima que la violencia sexual contra la infancia en España cuesta a la sociedad 979 millones por año, “siendo conscientes que sólo es el coste de la violencia sexual y que únicamente es el coste de las consecuencias medibles y de las que se dispone de datos”.
Todos los estudios revisados en este artículo presentan limitaciones importantes que derivan, en palabras de su autora, de los datos incompletos o poco fiables incluidos respecto a la mortalidad y la morbilidad vinculadas a la violencia contra la infancia y que suponen estimaciones variables de sus costes, oscilando en España de 17 mil millones de euros, aproximadamente, para las experiencias adversas en la infancia, a cerca de 1.000 millones de euros para la violencia sexual.
Sin embargo, estas estimaciones ponen de manifiesto la gravedad de este problema de salud pública y su impacto, confirmando que la violencia en etapas tempranas del desarrollo se asocia con un mayor uso de los servicios de salud y de otros recursos. Por lo tanto, sus datos, aunque parciales, alertan sobre la necesidad de invertir y orientar las políticas para mejorar su prevención.
A este respecto, la autora insiste la trascendencia de llevar a cabo más estudios científicos sobre la carga y los costes de la violencia contra la infancia y la adolescencia, así como sobre los beneficios de prevenir esta violencia.
A su vez, manifiesta que identificar los medios más efectivos y eficientes de brindar programas y recursos de prevención e intervención basados en la evidencia en el área de la violencia contra la infancia, no solo se traduciría en un ahorro sustancial de costes para la sociedad (en términos de gastos de atención médica, servicios sociales y justicia), sino que también supondría un importante beneficio para los y las menores víctimas, los supervivientes adultos, las familias y la sociedad en general.
Se puede acceder al artículo completo desde la página Web de Papeles del Psicólogo o bien directamente aquí:
El Coste Social de la Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia
