Los días 21 y 22 de enero de 2026, una delegación del gobierno español acudió a Ginebra para dar respuesta a la última evaluación oficial sobre el cumplimiento de los Derechos del Niño y la Niña en nuestro país.
España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño a finales de 1990, entrando en vigor el 5 de enero de 1991, esto implica la obligación de respetar y promover los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes bajo su jurisdicción así como a someterse a evaluaciones ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, con una periodicidad aproximada de cada 5 años.
Como miembro de la Plataforma de Infancia, varios miembros de la Junta Directiva y Socios de la Sociedad Española de Pediatría Social asistieron como observadores del acto con el fin de enviar cuestiones y datos relativos al cumplimiento de los derechos de infancia en nuestro país.
Se abordaron cuestiones relativas a la salud de los niños y niñas que residen en España (acceso universal a los servicios sanitarios, políticas de protección de lactancia materna, estrategias de prevención de obesidad, salud mental y abordaje de adicciones), problemas relacionados con los menores extranjeros no acompañados (garantías de cumplimiento pleno de sus derechos y en especial la presunción de su minoría de edad).
La situación de la pobreza infantil y la necesidad de la prestación universal por crianza, así como la garantías de accesibilidad de colectivos vulnerables a los recursos de ayuda.
Relativos al sistema educativo de nuestro país se planteó la necesidad de una educación universal y gratuita para todos los niños y niñas, la necesidad de un entorno escolar y de ocio seguro, incluidas actividades deportivas, que promueva el correcto desarrollo de la infancia. El abordaje del acoso escolar y la necesaria figura del coordinador de bienestar y protección escolar que aparece en la ley 8/2021 y que aún no ha sido desarrollada de forma generalizada en nuestro país, en este sentido se aconsejó valorar la figura de un mediador externo al colegio.
En materia de protección, se abordó la problemática de los niños/as institucionalizados, la situación de hacinamiento que viven determinados centros residenciales y cómo mejorar la acogida en el ámbito familiar.
La violencia hacia la infancia, el abordaje de los discursos de odio a nivel escolar y los medios de comunicación , las estrategias aprobadas para la protección digital de los niños y niñas y medidas contra la emergencia climática fueron otros temas tratados.
Miembros de la Convención recordaron a la delegación española la necesidad de dotar de recursos todas las leyes aprobadas en España y la evaluación de su impacto real en los niños y niñas.
Transcurridos 30 días desde la evaluación, el Comité publicará las observaciones finales a España con el fin de avanzar y proteger a la infancia que reside en nuestro país.
Una vez más, nuestra sociedad científica apuesta por apoyar todas las medidas, sea cual sea el foro donde se planteen, que se orienten a la protección de los derechos de la infancia y en especial de los colectivos más vulnerables, una mirada hacia el futuro con medidas realistas en el momento presente.